La Justicia ordenó que un privado le restituyera al Estado un terreno fiscal que habría usurpado en El Cadilllal y que dejó al descubierto las supuestas irregularidades en la venta de propiedades en la villa turística.

La Fiscalía de Estado y la Dirección de Flora y Fauna denunciaron ante la Justicia a un empresario por haber iniciado un proyecto inmobiliario en la vera de la ruta 347 en un inmueble que pertenecía a la provincia. Por esa usurpación, el mes pasado, personal de ambas reparticiones fue agredido cuando fue a confirmar, por un lado, la ocupación ilegal; y, por el otro, la tala de árboles y la apertura de caminos en tierras protegidas.

Además, en medio del proceso, se descubrió que el supuesto usurpador había realizado una conexión ilegal para nutrirse de agua proveniente de vertientes de la reserva.

La causa llegó a manos de la fiscala Adriana Giannoni, quien recurrió a la Ley 9.099: establece la restitución del inmueble hasta tanto finalice el litigio. En un primer momento, el juez Facundo Maggio rechazó el planteo aduciendo que Freddy Mariano Leal, quien supuestamente había usurpado la tierra, debía ser imputado antes para que se pudiera aplicar la norma.

La investigadora decidió citarlo y como no se presentaba decidió solicitarle su detención e insistir con el pedido de restitución. El magistrado resolvió entonces no aceptar que el acusado sea privado de su libertad, pero sí que el Gobierno recibiera las tierras en las que estaba desarrollando un emprendimiento inmobiliario a través de su empresa Viviendas Leal.

Leal, según fuentes judiciales, al enterarse que la fiscala Giannoni había solicitado su detención, decidió presentarse de manera espontánea. Después de que se lo acusara de usurpación y daños contra el Estado, negó la acusación en su contra. También habría señalado que tenía un título de posesión que habría adquirido a otra persona (no se informó la identidad del vendedor) y que no había cometido ningún delito.

En una entrevista con LA GACETA, Leal indicó: “los terrenos que comercializo están a mi nombre. Los compré en buena fe y tengo las pruebas para demostrarlo cuando la Justicia me lo solicite. No tengo problemas en hacerlo. Me lo vendieron personas que tenían derecho de posesión por haber abonado sus impuestos durante más de 30 años. Tengo la documentación que respalda mis dichos”, agregó.